El Gobierno israelí anunció ayer la confiscación de impuestos recaudados a los palestinos en represalia al reconocimiento por la ONU de Palestina como estado observador, tras la aprobación el viernes de 3.000 viviendas en colonias judías.
En total, Israel retendrá a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) 92,8 millones de euros y transferirá la partida a pagar parte de la deuda que el Gobierno palestino tiene con la empresa de electricidad israelí.
En virtud de los Acuerdos de París de 1995, protocolo económico de los Acuerdos de Oslo, de 1993, la Hacienda israelí recauda todos los meses las tasas y aranceles aduaneros de los productos que entran al territorio palestino bajo su control, así como de operarios palestinos que trabajan en Israel.
Se trata de una suma que representa más de la mitad del exiguo presupuesto con que cuenta el Gobierno del primer ministro palestino, Salam Fayad, que en el último año atraviesa una severa crisis de liquidez.
Amenazas
Se trata de una medida unilateral en línea con las amenazas que habían vertido funcionarios israelíes si seguía adelante la campaña palestina en busca de reconocimiento internacional en la ONU.
Fuentes diplomáticas israelíes explicaron que el Ministerio de Finanzas no cobraba la cuenta de la luz en un «gesto de buena voluntad» hacia la ANP, pero que después de la votación en la ONU no existe razón para no hacerlo.
Israel ha congelado en el pasado las transferencias de los fondos palestinos en respuesta a disensiones políticas, lo que le ha valido duras críticas por parte de la comunidad internacional.
La sanción económica se suma al anuncio el viernes por Israel de que construirá 3.000 nuevas viviendas en asentamientos de Jerusalén Este y Cisjordania, en una área conocida como E1 que bloquea la continuidad territorial del futuro estado de Palestina, medida que ha sido censurada por los palestinos y especialmente por Washington.
Además, el gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó oficialmente el contenido, las consecuencias y las interpretaciones que se desprendan del texto de la resolución 67/191 de la Asamblea General, aprobada el jueves.
En su primera reunión desde la votación en la ONU, los ministros israelíes defendieron de forma unánime «el derecho natural, histórico y legal del pueblo judío a su tierra y a su capital eterna, Jerusalén».