La Justicia egipcia anunció ayer que examinará el próximo 4 de diciembre la validez del decreto que blinda los poderes del presidente, Mohamed Mursi, quien defendió en una reunión con los magistrados sus últimas decisiones. En esa fecha, el Tribunal Administrativo de Egipto estudiará las doce denuncias que piden el cese de la aplicación y la anulación de la declaración constitucional, emitida por Mursi el pasado jueves.
El juez Abdelmequid al Moqanan, vicepresidente del Consejo de Estado, explicó que los recursos apuntan que el jefe de Estado no tiene derecho a tomar estas medidas sin recurrir a un referéndum supervisado por los jueces.
Protestas
Este decreto ha desencadenado una ola de protestas en Egipto, que hasta el momento se ha saldado con un muerto y más de 440 heridos, de acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio egipcio de Sanidad. También ha tensado aún más la relación entre Mursi y los magistrados, que pretenden que el presidente recule de «inmediato» y anule su declaración constitucional.
Para tratar de resolver la crisis, Mursi (apodado ya como 'El Faraón') se entrevistó ayer con el jefe del Consejo Superior de Justicia, Mohamed Metuali, y otros seis jueces, a quienes aseguró que su objetivo es conducir la transición «para llevar al país lo antes posible a la etapa de la estabilidad constitucional y legislativa».
Entretanto, las protestas persisten en Egipto, en especial en la plaza cairota de Tahrir, donde los opositores a Mursi mantienen una acampada desde el pasado viernes. El manifestante Said Seif aseguró que se quedará en la plaza «hasta que Mursi retire su declaración constitucional».
También tuvieron lugar ayer las exequias de un seguidor de los Hermanos Musulmanes, de 15 años, que murió en enfrentamientos con detractores de Mursi en la localidad de Damanhur, en el norte de Egipto.