El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, será juzgado de manera inmediata por supuesta incitación a la prostitución de menores y concusión (abuso de poder) por el llamado 'caso Ruby', la joven de origen marroquí que acudió a las fiestas del mandatario cuando era menor de edad.
La jueza para las investigaciones preliminares Cristina Di Censo dispuso ayer el «juicio inmediato» para Berlusconi, de 74 años, a partir del próximo 6 de abril ante la Corte milanesa, en la que además tiene pendientes dos juicios y una audiencia preliminar.
Mediante un comunicado de prensa, el Tribunal de Milán despejó todas las incógnitas sobre el futuro del primer ministro ante este escándalo, pues finalmente dispuso su enjuiciamiento inmediato (sin necesidad de audiencia preliminar), al considerar que se cuenta con pruebas evidentes de los delitos.
Con su decisión, Di Censo, en contra de los argumentos esgrimidos por la defensa, declaró competente a la Fiscalía de Milán en su investigación del mandatario, llevada a cabo en base a numerosas escuchas telefónicas que se han ido filtrando poco a poco a los medios, causando un gran revuelo.
Competencia
En el auto de apertura del juicio, la jueza precisó que Berlusconi cometió el delito de concusión abusando del cargo y no de la función de primer ministro, con lo que confirmó la competencia de la Fiscalía milanesa en la investigación.
La acusación de concusión se centra en la llamada telefónica de Berlusconi en la noche del 27 de mayo de 2010 a una comisaría de Milán para exigir supuestamente que dejaran en libertad a Ruby (detenida por un robo) y la entregaran a la consejera de Lombardía Nicole Minetti, alegando que era la sobrina del entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak.
La acusación de incitación a la prostitución de menores se centra en la presencia misma de la joven en varias ocasiones en la mansión de Berlusconi de Arcore (próxima a Milán) cuando era menor de edad, en las que la Fiscalía cree que hubo encuentros sexuales con el mandatario.
El código penal italiano contempla una pena de entre 4 y 12 años de cárcel para el delito de abuso de poder y de entre 6 meses y 3 años de reclusión para la prostitución de menores.