A pesar de que el presidente egipcio, Hosni Mubarak, ordenó el martes la creación de la comisión de reformas constitucionales y legales además de otro comité de seguimiento para supervisar la aplicación de lo acordado durante la reunión mantenida el pasado domingo entre el vicepresidente Omar Suleimán y varios grupos opositores y personalidades políticas, estas concesiones, impensables al comienzo de las revueltas, no han servido para aplacar los ánimos de los egipcios, que ayer volvieron a manifestarse en la plaza cairota de Tahrir y ampliaron sus protestas a otros lugares como delante del Parlamento y a otras localidades.
Al menos cuatro civiles murieron y unas sesenta resultaron heridos, de ellos 13 graves, en enfrentamientos entre policía y manifestantes en un oasis del sur de Egipto. Por otro lado, en Port Said, en el noreste del país, varias personas quemaron el coche del gobernador y rodearon la sede del gobierno provincial en una manifestación.
Asimismo, trabajadores del canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo y por el que pasan 2,5 millones de barriles de petróleo diarios, llevaron a cabo protestas para pedir mejoras salariales y contra la precariedad laboral.
Reformas
El comité para la reforma constitucional y legislativa designado Mubarak acordó ayer enmendar seis artículos de la carta magna, entre ellos los referidos a la limitación de mandatos y a los requisitos para ser candidato presidencial.
Tres de los artículos que serán enmendados (76, 77 y 88) forman parte de las reivindicaciones clásicas de la oposición, que veían en ellos parte del «blindaje» de la presidencia de Mubarak y de su sucesión. El artículo 76 impone duras condiciones para que los partidos de oposición puedan presentar a sus candidatos y el 77 abre la puerta a una reelección sin límites del presidente, mientras que el 88 afecta a la supervisión judicial de las elecciones.
Por su parte, los otros tres delimitan el plazo en que pueden presentarse recursos contra los resultados de los comicios (artículo 93), sientan las bases de una ley antiterrorista que sustituiría a la Ley de Emergencia (179), y establecen los mecanismos de la reforma constitucional (189).