El presidente francés, Nicolas Sarkozy, dio ayer órdenes de reabrir los depósitos de combustible que permanecían bloqueados por los manifestantes contrarios a la reforma de las pensiones y envió a la policía para que cumpliera con esta medida y permitiera que se reanudase el suministro. Entretanto, los sindicatos prometieron mantener su resistencia a la reforma, que debería ser refrendada esta semana por el Senado. El ministro del Interior, Brice Hortefeux, fue recibido con insultos y abucheos en Lyon, escenario de nuevos incidentes
Según informó el Gobierno galo, las importaciones de combustible alcanzaron el martes su nivel récord, mientras se trata de poner fin a la huelga de 24 días que se mantiene en el mayor puerto petrolero del país, cerca de Marsella, donde ayer había 51 petroleros varados sin poder fondear en el puerto. Además, el Ejecutivo informó de que más de 3.000 estaciones de servicio de las 12.500 que hay en Francia estaban sin combustible.
Vuelta a la normalidad
Esta situación es la que llevó a Sarkozy a actuar y ordenar desbloquear los depósitos para una vuelta a la «normalidad», al tiempo que prometió que seguirá adelante con su plan de elevar la edad de jubilación de los 60 a los 62 años. «Llevaré a término la reforma de las pensiones porque mi deber como jefe de Estado es garantizar a los franceses que ellos y sus hijos podrán contar con una jubilación y que el nivel de las pensiones se mantendrá», aseguró en un comunicado.
Sarkozy, que ha reconocido que es «una reforma difícil», subrayó que tanto él como su Gobierno se han mostrado «atentos a todas las propuestas, principalmente las de los agentes sociales» y advirtió de que aunque en democracia existe libertad de expresión, «hay ciertos límites que no deben franquearse y mi deber es garantizar el respeto del orden republicano al servicio de todos los franceses».
Por otra parte, denunció las «numerosas injusticias» que los bloqueos en protesta han generado entre los ciudadanos que «desean poder seguir trabajando y circulando libremente» y advirtió de que si no se deponen «estos desórdenes que buscan crear la parálisis del país podrían tener consecuencias en términos de empleo y deteriorar la actividad económica».