El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, afirmó ayer en Bruselas que la libertad de circulación no puede ser «incondicional» en referencia a la deportación de miles de gitanos comunitarios procedentes de Rumanía y Bulgaria ordenada por el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa.
«El logro europeo de la libertad de circulación es extraordinario pero no puede ser incondicional ni tampoco un pretexto para la realización de actividades ilícitas y, en particular, el tráfico seres humanos», afirmó Besson tras reunirse ayer con las comisarias europeas de Interior y Justicia, Cecilia Malmstrom, y Viviane Reding, respectivamente.
Besson ha defendido la compatibilidad de las deportaciones con el derecho comunitario, la legislación francesa e, incluso, con «los valores de la República» y ha añadido que se ha seguido «escrupulosamente» la letra de la ley.
Tratado de Lisboa
En ese mismo sentido, el representante del Elíseo ha afirmado que ni en la directiva comunitaria ni en el Tratado de Lisboa existe ningún artículo que afirme que la libertad de circulación equivalga «a la regularización de todos los ciudadanos comunitarios en situación irregular».
La ley europea prevé ciertas excepciones al derecho de libre circulación, como la amenaza reiterada del orden público, ser una carga desproporcionada para la seguridad social o no tener recursos suficientes para mantenerse en el país de acogida.
Besson acordó con la comisaria comunitaria Malmstrom trabajar para reforzar la cooperación judicial mutua y luchar contra las mafias que trafican con seres humanos y en favor de un plan de integración de la comunidad romaní en los Veintisiete.
Besson ha negado que Francia haya llevado a cabo «expulsiones colectivas» y ha afirmado que detrás de cada deportación se encuentra una decisión judicial.
Tanto a Malmstrom como a Reding París les ha hecho llegar un dossier con toda la información sobre las deportaciones para que estudien si ha existido alguna incongruencia con la directiva de libre circulación de 2004.
Según Besson, el Gobierno francés quiere entrar en «una fase de diálogo constructivo con la Unión Europea (UE)» y se ha propuesto movilizar la «solidaridad» de los Veintisiete para impulsar la integración de los gitanos.