Un tribunal de Buenos Aires condenó hoy a 25 años de prisión al dictador argentino Reynaldo Bignone, el último presidente de la dictadura militar (1976-1983) por delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención del régimen de facto.
El Tribunal Oral Federal 1 de la localidad de San Martín, a las afueras de la capital argentina, dictó idénticas penas para los ex generales Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, y sentenció a 20 años al ex militar Carlos Tepedino.
También condenó a los antiguos militares Jorge García y Eugenio Guañabens Perelló a 18 y 17 años de prisión, respectivamente, y absolvió al ex policía Germán Montenegro.
En una resolución aplaudida por familiares de las víctimas de la dictadura que presenciaron la lectura del veredicto, el tribunal ordenó además que se revoque la prisión domiciliaria que hasta hoy cumplían Bignone (1982-1983), Tepedino y Guañabens Perelló, quienes deberán ser conducidos a una cárcel común junto al resto de los condenados.
«Estamos felices por las condenas y la decisión de internarlos en una cárcel común, por los 30.000 desaparecidos, por las madres, las abuelas, los hijos, por el pueblo argentino», afirmó Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo.
En la misma línea se pronunció el secretario de Derechos Humanos del país, Eduardo Luis Duhalde, para quien la sentencia es «justa, acorde con los hechos probados».
El juicio comenzó el pasado noviembre por los delitos de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas en la guarnición militar de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, considerada la mayor cárcel clandestina de la dictadura porque albergaba cuatro centros de tortura y una maternidad.
Tanto la Fiscalía como la mayor parte de las querellas, entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, habían solicitado 25 años de cárcel para Bignone, Riveros, García, Verplaetsen y Tepedino, y penas menores para los otros dos acusados.
En este proceso sólo se han juzgado delitos contra 56 víctimas de Campo de Mayo, una mínima porción de las más de 5.000 que, según los organismos de derechos humanos, pasaron por ese campo de concentración, en el que hubo muy pocos sobrevivientes.
Bignone, de 82 años, afirmó hoy en su testimonio final ante los jueces que en Argentina se desarrolló una «guerra irregular» en la que las Fuerzas Armadas «tuvieron que intervenir para derrocar al terrorismo».
El dictador, para quien las víctimas de la represión «ni eran tan jóvenes ni tan idealistas», recurrió hoy a una cita del ex presidente Juan Domingo Perón para justificar la represión y cuestionó las cifras de víctimas del régimen de facto.
Bignone dijo que, frente a los 30.000 desaparecidos y 500 bebés apropiados denunciados por organismos humanitarios, no está demostrado que hubiera más de 8.000 desaparecidos y unos 30 niños robados durante la dictadura.
Ya retirado de las Fuerzas Armadas, Reynaldo Bignone fue designado presidente el 1 de julio de 1982 en sustitución de Leopoldo Galtieri, después de la derrota argentina en la guerra con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.
En su corta gestión, el dictador negoció la transición hacia la democracia, ordenó destruir todas las pruebas de la represión ilegal y dictó una ley de Pacificación Nacional para beneficiar a los miembros de las Fuerzas Armadas, norma posteriormente anulada por el Gobierno constitucional al considerarla una «autoamnistía».
En democracia, y tras varias entradas y salidas de la cárcel por delitos de lesa humanidad, Bignone fue detenido en 2007 por orden del tribunal que le condenó hoy, aunque gozó del beneficio del arresto domiciliario que prevén las leyes argentinas para los mayores de 70 años.