El presidente de Colombia, Àlvaro Uribe, ha prometido «derrotar el terrorismo» y «liberar» a los colombianos de la «pesadilla» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que responsabiliza del asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, un hecho que ha frenado todas las gestiones para la liberación de los rehenes que están en poder de esa guerrilla.
«En medio del dolor ratifico ante ustedes toda nuestra decisión de derrotar el terrorismo, de derrotar este flagelo del secuestro», expresó Uribe, momentos después de ser informado de la muerte del gobernador secuestrado el pasado lunes.
El cadáver de Cuéllar fue localizado por campesinos en un área rural de Sebastopol, en el norte de Caquetá, ayer en la misma carretera donde se había hallado momentos antes un vehículo incinerado en el que habrían huido los rebeldes.
Uribe reveló que al ex gobernador «no le dispararon sino que lo degollaron, para evitar producir el ruido de los disparos, porque ya intuían el plan, el operativo envolvente» del Ejército en esa conflictiva zona. Ante esta situación, el mandatario ha informado de que aumentará a 1.000 millones de pesos (340.000 euros) la recompensa ofrecida para dar con el paradero el ex gobernador, aunque en este caso será para pagar a quienes aporten información sobre los responsables de este crimen.
También indicó que el operativo militar activado este martes para rescatar a Cuéllar se mantendrá para capturar a los artífices de este secuestro y asesinato, aunque no especificó si se continuarán los operativos para liberar a «todos» los rehenes de las FARC, tal y como lo anunció este martes. «En medio del dolor, con toda la fortaleza, avanzaremos en la derrota del terrorismo, para liberar de esta pesadilla a las nuevas generaciones de colombianos», acotó.
Aunque las FARC no se han pronunciado hasta el momento para adjudicarse este hecho, el Gobierno desde un primer momento ha asegurado que esa guerrilla estaría detrás del secuestro y de su posterior homicidio, en el marco de lo que podría ser una nueva estrategia de los subversivos contra la política de seguridad democrática de Uribe.