El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) absolvió ayer al ex presidente de Serbia Milan Milutinovic, pero condena severamente al ex viceprimer ministro Nikola Sainovic y a otros altos cargos, en su primera sentencia sobre los crímenes contra la minoría albanesa en Kosovo.
Considerado por los jueces el brazo derecho del ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, Sainovic ha sido condenado por su implicación directa y mando en el Ejército yugoslavo a 22 años de prisión, pena que también les ha sido impuesta a los ex generales del ejército y de la policía Nebojsa Pavkovic y Sreten Lukic, respectivamente.
El ex jefe del Ejército Dragoljub Ojdanic y el ex general Vladimir Lazarevic han sido condenados a penas más leves, 15 años de cárcel, entre otras razones porque no se demostró que compartieran la intención de deportar a los más de 700.000 albaneses expulsados de Kosovo en 1999.
Slobodan Milosevic
Lo más llamativo de la sentencia, sin embargo, ha sido la puesta en libertad de Milutinovic, al que los jueces exculparon de todos los cargos. Los magistrados consideran que éste «no tenía control directo» sobre el Ejército yugoslavo, cuya dirección era ejercida por el ya fallecido Slobodan Milosevic.
Además, sostienen que «no se ha probado» que el que fue presidente de Serbia entre 1997 y 2002 «tuviera una relación de amistad estrecha» con Milosevic, como mantenía la Fiscalía.
Sin embargo, los magistrados afirman que el vicepresidente Sainovic «era el asociado de mayor confianza de Milosevic», a quien proporcionaba información y con quien mantenía regularmente conversaciones telefónicas.
De acuerdo con la sentencia, Sainovic era el «representante personal de Milosevic en Kosovo (...), estaba bien informado y era consciente de los crímenes perpe- trados». «Sainovic ejercía un poder sustancial sobre el Ejército yugoslavo y sobre la policía y contribuyó significativamente a la comisión de crímenes», se lee en la sentencia, que coincide en que Lukic y Pavkovic, que, como Sainovic, han sido condenados a 22 años de cárcel, ejercían «una autoridad sustancial» sobre el Ejército y la policía yugoslava, respectivamente.