Las FARC han condicionado la liberación de 22 militares y policías que mantienen secuestrados a la excarcelación de medio millar de rebeldes presos, notificó el mando de esa guerrilla en dos mensajes divulgados ayer en Bogotá.
Esa exigencia está incluida en una comunicación del jefe máximo de las FARC, «Alfonso Cano», y otra del Secretariado (mando central) de la organización que le fueron entregadas a la senadora Piedad Córdoba el jueves pasado, durante la última entrega de un rehén.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se afirmaron en que la suerte de los últimos 22 rehenes incluidos en su lista de «canjeables» dependerá de la negociación de un acuerdo humanitario con el Gobierno para intercambiarlos por los presos.
Los rebeldes pretenden canjear a estos secuestrados, algunos de los cuales llevan más de once años como rehenes, por unos quinientos presos, entre ellos «Simón Trinidad» y «Sonia», que fueron extraditados hace tiempo a Estados Unidos para ser juzgados.
«Debemos persistir en la búsqueda de los acuerdos sin olvidar ni un momento a Simón, Sonia y a todos nuestros presos», expresó el jefe máximo de las FARC en una breve nota dirigida a la senadora Córdoba, que encabeza el grupo de intelectuales Colombianos por la Paz, que medió a favor de la liberación de los secuestrados.
En ella, «Alfonso Cano» también agradeció al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y al Gobierno de Brasil su apoyo en las tres misiones realizadas entre el 1 y el 5 de febrero para liberar a seis rehenes.
Las operaciones permitieron el regreso, por decisión unilateral de los rebeldes, de los dos últimos políticos secuestrados que les quedaban a las FARC, el ex gobernador Alan Jara y el ex legislador regional Sigifredo López, además de tres policías y un militar.
«Por encima de los obstáculos, calumnias y provocaciones oficiales, cumplimos», enfatizó «Cano», quien reiteró los «inmensos reconocimientos» de las FARC a la senadora de oposición y a su grupo por su compromiso con la convivencia democrática.
La otra nota está firmada por el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, que encabeza «Cano», y también renueva la exigencia rebelde de canje de los rehenes por los presos.
Al menos ocho indígenas del pueblo colombiano de los Awa fueron asesinados por presuntos rebeldes de las FARC en un alejado asentamiento del departamento suroccidental de Nariño, informaron ayer portavoces de la minoría étnica en Bogotá. Otros diez aborígenes fueron declarados desaparecidos, mientras que unos 1.300 están confinados por efecto de combates del ejército con las FARC y la también guerrilla del ELN, denunció la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). «Los gobernadores (aborígenes) nos dicen que ni ellos mismos han podido ingresar en la zona», dijo a Efe en la capital colombiana el dirigente indígena Alfredo Campo, del grupo de portavoces de la ONIC.
Campo dijo que la matanza y la desaparición forzada de los Awa, que es un pueblo que también tiene asentamientos en las selvas del norte de Ecuador, se registraron el pasado 4 de febrero tras unos combates en el Resguardo (reserva) de Tortugal Telembí.