EFE-LA PAZ
El Gobierno de Bolivia confirmó ayer que 16 personas murieron en los enfrentamientos armados ocurridos en los últimos días en la región norteña de Pando, donde se ha decretado el estado de sitio.
A la cifra inicial de nueve fallecidos se han sumado otras siete personas, cuyos cuerpos se encuentran aún en el monte y las orillas del río cercanas a la zona del enfrentamiento a la espera de ser evacuados, según dijo el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada.
Los fallecidos son en su mayoría consecuencia de los choques producidos el pasado jueves en la localidad de Porvenir, cerca de Cobija, capital de Pando, entre campesinos leales al presidente Evo Morales y grupos opositores autonomistas.
Rada enfatizó que, según el Ejecutivo, lo que se produjo no fue un enfrentamiento sino una «verdadera masacre» de parte de funcionarios de la Prefectura y «sicarios» extranjeros que asesinaron a los campesinos.
La versión del Gobierno es totalmente distinta a la que ha dado el prefecto (gobernador) de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, quien en las pasadas horas acusó al Ejecutivo y los sectores afines de haber causado los incidentes.
Según Rada, las magnitudes reales de la «masacre» se conocerán en los próximos días porque, además de los 16 cadáveres hallados, informes extraoficiales hablan «de más de una treintena de cadáveres que habrían sido vistos tras lo ocurrido hace dos días». Rada confirmó que el viernes en el aeropuerto de Cobija murieron dos personas, un militar y un civil.
Rada afirmó que se trata de la mayor «masacre» de Bolivia en democracia, incluso proporcionalmente superior a la ocurrida en El Alto en 2003, donde murieron 60 personas, si se compara, dijo, la población de esta ciudad aledaña a La Paz con el muy inferior número de habitantes de Pando.
El ministro anunció que este «crimen de lesa humanidad» no quedará impune y serán investigada por fiscales que están viajando a Pando, donde el Gobierno declaró el estado de sitio, ante la «violencia desbordada» en la región y «un creciente número de víctimas».
El ministro de Defensa, Wálker San Miguel, leyó ante los periodistas en el Palacio de Gobierno de La Paz un decreto que establece una situación excepcional de «extrema gravedad» para «garantizar la vida» y «los intereses de la colectividad» en el departamento.
El estado de sitio conlleva, entre otras restricciones, la prohibición de portar armas de fuego, armas blancas, materiales explosivos y de circulación de más de tres personas juntas y vehículos entre la media noche y las seis de la madrugada.