El Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer sin cambios el proyecto de directiva de retorno de inmigrantes irregulares acordado por los gobiernos de la Unión, que establece que los «sin papeles» puedan ser retenidos hasta un período máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación.
La Eurocámara, muy dividida, sacó adelante el texto con 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, de la mayoría de los liberales, de la Unión por la Europa de las Naciones y de algunos socialistas, junto a parte de los euroescépticos y de los diputados no inscritos.
La votación también provocó fracturas dentro de los grupos políticos, pues, mientras el grueso de los socialistas europeos se pronunció en contra, los españoles -a excepción de Josep Borrell, Raimon Obiols y Martí Grau- respaldaron el texto, tal y como había hecho este mes el Gobierno en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE).
Contrarios
En contra votaron en bloque Los Verdes y la Izquierda Unitaria, los dos grupos más críticos con la directiva.
Finalmente, el PE no aceptó ninguna de las enmiendas propuestas para suavizar el texto y aproximarlo a la normativa de los países más garantistas, por lo que la directiva es la misma que salió de la reunión de ministros de Justicia del pasado día 5. Así, la norma comunitaria, que ya tiene el visto bueno de los gobiernos, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial.
La directiva, que dota a la UE de un marco común para gestionar la expulsión de los «sin papeles», establece un período de siete a treinta días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria. Además, fija el periodo máximo de retención en seis meses, que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o si hay problemas para obtener la documentación de países terceros.
Una vez deportados, los indocumentados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en territorio comunitario.
Para la Comisión Europea y para grupos como el Popular, la directiva supone un «primer paso» hacia una política de inmigración común y acaba con la posibilidad de retención indefinida de los irregulares que existe en varios países de la Unión. «Este texto ofrece ciertas garantías comunes (...), al tiempo que permite que los Estados miembros mantengan y establezcan regímenes más protectores», recordó el comisario europeo de Justicia e Interior, Jacques Barrot.
Los representantes del Partido PSOE, que junto al resto de socialistas trataron infructuosamente de introducir varias enmiendas en la Eurocámara, justificaron su voto favorable en la necesidad «urgente» de adoptar un marco común sobre inmigración, según explicó en un comunicado el eurodiputado Javier Moreno. Mientras, para los críticos, la norma es excesivamente «restrictiva» y «no ofrece garantías suficientes» sobre el respeto de los derechos de las personas.
Tras la votación, se oyeron en la Eurocámara palabras como «aberración», «vergüenza» o «inaceptable» en boca de eurodiputados socialistas como el italiano Claudio Fava y la francesa Martine Roure o de Izquierda Unida, como el español Willy Meyer, quien llamó a la movilización ciudadana.