Tras más de dos años de discusiones, los países de la Unión Europea (UE) acordaron ayer una nueva legislación con normas comunes mínimas para el retorno de inmigrantes ilegales, que fija un período máximo de retención de seis meses, ampliables a dieciocho. Los embajadores de los Veintisiete lograron cerrar un texto en el que finalmente no se garantiza a los indocumentados el acceso a asistencia legal gratuita en el territorio comunitario.
El texto, pactado por unanimidad, debe ser aún aprobado por el Parlamento Europeo, donde le espera la oposición de buena parte de la Cámara, antes de su ratificación final por los ministros de Justicia e Interior el 5 y 6 de junio próximos.
El último punto de discordia, la asistencia jurídica gratuita para los indocumentados, se cerró con una solución salomónica por la que esa ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país comunitario, según dijeron fuentes diplomáticas. Por ello, la versión final no garantiza que se dé asistencia legal gratuita, sino que esa ayuda «puede» darse a los indocumentados de acuerdo a las prácticas nacionales, explicaron fuentes comunitarias.
Además, se acordó incluir una declaración en la que se hace un llamamiento a los Estados miembros a que «dispongan los medios necesarios» para ayudar a los ilegales que carecen de ellos para obtener asistencia legal.
La cuestión de la asistencia jurídica fue uno de los ejes de la oposición de Alemania, Austria y Grecia durante la discusión de la pasada semana, ya que esos países temían el alto coste para sus arcas públicas de un apoyo legal gratuito garantizado.
Finalmente, la presidencia retiró la mención a la obligatoriedad de la asistencia legal gratuita y, tras nuevas discusiones con el PE para buscar un compromiso y un nuevo debate, se logró el acuerdo ayer en los términos descritos.