El Tribunal Supremo estadounidense dictaminó ayer que la ejecución de la pena de muerte mediante inyección letal no viola la Constitución, al rechazar un recurso de dos condenados de Kentucky.
El máximo tribunal rechazó por siete votos en contra y dos a favor que las inyecciones letales violen la prohibición constitucional a la crueldad al infligir un sufrimiento y un dolor innecesarios.
EE UU detuvo en septiembre pasado todas las ejecuciones por inyección letal después de que el Supremo aceptase el caso planteado por los dos reos de Kentucky.
Lo que estaba en discusión no es la constitucionalidad de la pena de muerte, sobre la que el Supremo ya se pronunció hace décadas, sino si el método más común de ejecución viola la Octava Enmienda, que prohíbe la crueldad en el trato a las personas.
Treinta y cinco de los 36 estados de EE UU que restauraron la pena de muerte en 1977 emplean diferentes combinaciones de los tres mismos compuestos químicos para sus ejecuciones por inyección letal.
Kentucky emplea el compuesto tiopental sódico, un anestésico poderoso que deja inconsciente al reo; luego se administra pancorio que paraliza los músculos, y finalmente potasio que detiene el corazón del ejecutado.
Los opositores a este método aducen que si el primer compuesto no se administra de manera eficaz, el segundo induce una sofocación y parálisis consciente aterradoras, y el tercero inflige un terrible dolor ardiente mientras avanza por las venas.
Los dos reos que presentaron el recurso al Supremo no estaban solicitando el perdón de la pena capital, sino que se les administrara una sola inyección, un barbitúrico, que no causa dolor pero sí la muerte.
Desde que se restauró la pena de muerte en Estados Unidos en 1977, han sido ejecutadas 1.099 personas.