La supresión de las ventajas de los regímenes especiales de pensiones apareció ayer como la clave de los proyectos radicales presentados por el presidente francés, Nicolas Sarkozy para reformar un sistema de protección social que considera insostenible financieramente.
Aunque en la versión escrita de su discurso se precisaba que quiere tener lista antes de fin de año la equiparación con la Función Pública de esos regímenes especiales de pensiones, Sarkozy se comió esa frase al pronunciarlo en un gesto que puede interpretarse como la voluntad de evitar al máximo el choque con los sindicatos, que sabe muy sensibilizados por la cuestión.
No obstante, insistió en el argumento de que «han desaparecido ampliamente las diferencias de situaciones que justificaban tal o cual ventaja particular» en esos regímenes que cubren a trabajadores de ciertas empresas públicas, así como a otros colectivos como los marineros, mineros, secretarios notariales y parlamentarios, y datan de la Segunda o incluso de la Primera Guerra Mundial.
El jefe del Estado subrayó que la equiparación de esos regímenes a las reglas de los funcionarios -que a su vez se han ajustado a las del sector privado- es una cuestión de equidad, después de que los Gobiernos que hicieron las reformas de las pensiones en 1993 y 2003 no se hubieran atrevido a tocarlos.
En su discurso en un acto en el Senado, el dirigente conservador hizo un diagnóstico bastante negro del sistema social francés, que no sólo «no es sostenible financieramente», sino que «desincentiva el trabajo» y «no garantiza la igualdad de oportunidades».
En el caso de los regímenes especiales, el Estado tendrá que poner este año casi 5.000 millones de euros para enjugar su déficit. Sarkozy recordó que había sido elegido con su lema de «poner el trabajo y el empleo en el centro de la política social» y tiene intención de aplicarlo, lo que pasa por penalizar las jubilaciones tempranas, promover la actividad de mayores de 55 años o permitir canjear el descanso por remuneración.
Al respecto, denunció que la ley de izquierdas que instituyó las 35 horas de trabajo semanal y en general «la estrategia del reparto del trabajo era un error y los franceses lo han pagado caro» con altos niveles de paro y poco empleo. En consecuencia, dijo que habrá que ir «más lejos» en la flexibilización de esa normativa laboral, en particular de las 35 horas, y «dar más espacio a la negociación en las empresas».
El jefe del Estado dijo que se revisarán todos los subsidios sociales para alentar a los beneficiarios a buscar trabajo y que se endurecerá el dispositivo de lucha contra el fraude.