La justicia argentina declaró ayer inconstitucionales los indultos concedidos a decenas de implicados en delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar (1976-1983). Por mayoría, la Corte Suprema declaró nulo el indulto que en 1989 benefició al ex general Santiago Riveros, procesado por delitos aberrantes cometidos en el complejo militar de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención montados por la dictadura y en el que Riveros participó, entre otros delitos, en la venta de bebés.
La decisión judicial sienta jurisprudencia para el resto de los casos en que los indultos concedidos por el entonces presidente, Carlos Menem (1989-1999), bajo el pretexto de «reconciliar al país» fueron una traba para enjuiciar a los militares e integrantes de otras fuerzas de seguridad por violaciones de los derechos humanos.
En su sentencia, la Corte Suprema hizo especial mención a la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, incorporada a la Constitución argentina en 1994, que establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben y deben ser esclarecidos y sus culpables identificados.