TERESA BOUZA/WASHINGTON
La Casa Blanca dejó ayer abierta la posibilidad de un perdón total a Lewis Libby, pese a que la decisión de librarlo de prisión ha puesto en pie de guerra a los demócratas, que acusan al actual Gobierno de creerse por encima de la ley.
«Con respecto al futuro, no descarto nada», dijo hoy el presidente de EE UU, George W. Bush, horas después de eximir al ex asesor gubernamental de los dos años y medio de cárcel a los que había sido sentenciado por mentir y obstruir la justicia durante una investigación sobre la filtración a la prensa de la identidad de la ex espía de la CIA, Valerie Plame.
Bush aseguró ayer haber sopesado cuidadosamente su decisión, que calificó de «muy difícil» e insistió en que la multa de 250.000 dólares y la prisión condicional de dos años que tendrá que afrontar Libby es un castigo «severo».
Indicó que había considerado el historial de Libby y su servicio al país, así como el veredicto del juez, a la hora de decidir cómo proceder al respecto.
Sus palabras se sitúan en línea con las del portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, quien señaló hoy durante su rueda de prensa diaria que Libby podría solicitar un perdón absoluto, lo que explicaría que la Casa Blanca no descarte esa posibilidad.
El motivo por el que no cierro la puerta a un perdón (es que) Scooter Libby puede solicitarlo», aseguró Snow, quien añadió que «el presidente cree que ha hecho frente a la situación correctamente, aunque siempre existe la posibilidad o una avenida abierta para que cualquiera solicite un perdón». Como ex jefe de gabinete y mano derecha durante casi cinco años del vicepresidente Dick Cheney, Libby encarna, para los detractores de Bush, los engaños que condujeron a la invasión de Irak en marzo del 2003.
Ese grupo recuerda que el nombre de Plame salió publicado en la prensa en julio del 2003, poco después de que su marido, el ex diplomático Joseph Wilson, acusase a la Casa Blanca de utilizar argumentos falsos para justificar la guerra de Irak.
En el lado opuesto del espectro político, los más conservadores aducen que la condena forma parte de un asalto al gobierno de Bush en general y al vicepresidente Cheney en particular.