EFE-WASHINGTON
El uso del poder ejecutivo por el presidente de EEUU, George W. Bush, para rechazar varias citaciones del Congreso en un caso de escuchas telefónicas instaurado tras el 11-S ha abierto lo que se promete como un duro enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo.
«El presidente ha decidido hacer uso de sus privilegios ejecutivos y no va a responder a las citaciones» del Congreso, dijo ayer el consejero legal de la Casa Blanca, Fred Fielding, en una carta enviada a los presidentes del Comité Judicial del Senado y de la Cámara de Representantes, Patrick Leahy y John Conyers, respectivamente.
Bush rechazó ayer las citaciones en las que ambos comités le solicitaban una serie de documentos relacionados con el despido de ocho fiscales federales el pasado mes de diciembre. Ayer se cumplía el plazo para la entrega de los documentos, solicitados el pasado 13 de junio.
A esas citaciones se unen las enviadas el miércoles por el titular del Senado al vicepresidente de EEUU, Dick Cheney; a altos cargos de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Consejo de Seguridad Nacional.En ambos casos se trata de obtener información que pueda esclarecer las supuestas diferencias en el seno de la Administración Bush sobre la legalidad del programa de escuchas telefónicas instaurado sin autorización judicial por el presidente tras los atentados del 11-S.
Por otra parte, el proyecto de ley de reforma migratoria quedó ayer otra vez estancado en el Senado. El pleno rechazó limitar el debate sobre esta iniciativa, con lo que quedó bloqueada. El proyecto de ley, que tenía el apoyo del propio presidente, perdió así las posibilidades de prosperar, al votar a favor de la propuesta sólo 46 senadores frente a 53 en contra, cuando requería 60 votos a favor para que se redujese el debate a 30 horas.