EFE-MÉXICO
El candidato presidencial de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el fallo del máximo tribunal electoral al ratificar la ventaja del derechista Felipe Calderón, y convocó a discutir la creación de un gobierno paralelo o impulsar la resistencia civil pacífica. Tras una revisión de las 375 impugnaciones sobre el proceso electoral del 2 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) descartó de forma unánime que vaya a cambiar el resultado final de las elecciones que fueron ganadas por el conservador Felipe Calderón.
Los magistrados dieron a conocer su fallo en el que reducen la cantidad de votos y anunciaron que harán un reajuste al cómputo final, sin que ello vaya a alterar «sustancialmente» el resultado final de las elecciones.
En su asamblea informativa que celebra diariamente en el Zócalo capitalino, López Obrador afirmó que al declarar válidos los resultados «los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica».
Señaló que la sumisión de los jueces a «un grupo de privilegiados y de extremistas de derecha (...) representa no sólo una vergüenza a la historia nacional, sino una violación al orden constitucional y un verdadero golpe de estado».
Agregó que por este motivo, se convocó a una Convención Nacional Democrática para el próximo 16 de septiembre para que decida qué papel se asumirá para impedir la «usurpación y la imposición».
López Obrador señaló que la Convención discutirá un plan que contempla el desconocimiento del cómputo oficial y desconocerá a Felipe Calderón como presidente y a todos sus funcionarios. También deberán decidir si se constituye un Gobierno de la República o una coordinación de la resistencia civil pacífica, lo que «implica la creación de un Gobierno en resistencia durante el tiempo que dure la imposición».
Agregó que este Gobierno paralelo deberá guiarse por cinco objetivos fundamentales, en primer término trabajar en la defensa de los pobres y combatir la desigualdad, defender el patrimonio de la nación e impedir la privatización de la industria petrolera y eléctrica, la educación, la seguridad social y los recursos naturales.