RAÚL CORTÉS-LA PAZ
El Gobierno de Bolivia ha dado un plazo de tres días al banco español BBVA y al grupo asegurador suizo Zúrich para que entregen de forma gratuita al Estado las acciones de las petroleras nacionalizadas que gestionan en un fondo colectivo. El plazo del Ejecutivo de La Paz está estipulado en uno de los artículos de un decreto supremo promulgado esta mañana por el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, en el Palacio Quemado, sede gubernamental. Tras firmar el documento, García Linera, que ejerce de presidente interino en ausencia de Evo Morales -de gira por Europa-, dijo en un discurso que «habrá una intervención a estos fondos de pensiones si no cumplen en tres días el decreto, así de claro».
El vicepresidente se refería a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que en Bolivia gestionan desde 1997 un depósito denominado Fondo de Capitalización Colectiva (FCC).
Este fondo está compuesto de las acciones que los ciudadanos bolivianos poseen en diez firmas mixtas que surgieron de la privatización parcial de cinco empresas estatales en la década pasada. Entre las firmas mixtas se hallan Andina, subsidiaria de la hispano-argentina Repsol YPF; Transredes, de la estadounidense Enron y la anglo-holandesa Shell, y Chaco, del grupo británico British Petroleum, resultantes de la desmembración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El FCC controla acciones por un valor de 1.600 millones de dólares (unos 1.250 millones de euros), de los que alrededor de 700 millones de dólares (unos 546 millones de euros) corresponden a las petroleras ahora nacionalizadas.
Una de las AFP es «Previsión», filial del español Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria (BBVA), y la otra «Futuro», del suizo Zurich Financial Service.
Además del FCC, ambas controlan también el Fondo de Capitalización Individual (FCI), creado con aportaciones de los trabajadores bolivianos para su jubilación. A pesar de la espectacularidad del anuncio, el decreto dictado por el Gobierno boliviano es simplemente la adecuación legal al que promulgó hace dos semanas para nacionalizar el sector petrolero.
La nacionalización de los hidrocarburos impone la transferencia al Estado de la participación accionarial que manejan las AFP en Andina (48 por ciento), Chaco (48%) y Transredes (34%). El nuevo propietario de esas acciones ahora es justamente YPFB, al que las autoridades bolivianas han reflotado para dotarle nuevamente del control del negocio petrolero con vistas a obtener mayores beneficios para el país en detrimento de las multinacionales que hasta ahora lo han dirigido.
Uno de los principales obstáculos para ejecutar la medida, la necesidad de cumplir con un pago de un bono solidario para ancianos conocido como Bonosol y que se obtiene de los dividendos del FCC, fue sorteado por García Linera al anunciar que, con sus beneficios, YPFB se hará cargo de ese compromiso.