JAVIER GÓMEZ-PARÍS
Dos ultimátum condicionarán las conversaciones. El primero llegó
por parte del frente anti Contrato Primer Empleo (CPE), que dio
ayer un ultimátum al Gobierno y exigió la abrogación del 'contrato
joven' antes del 17 de abril. «Nuestro objetivo no es negociar
cambios en el CPE, sino obtener su abrogación», confirmaron estos
movimientos. El segundo vino, horas después, por parte del primer
ministro, Dominique de Villepin, quien declaró en la Asamblea
Nacional que asumirá «naturalmente todas las conclusiones
necesarias» que se deriven, «en los próximos días», de estas
negociaciones.
Con estas palabras, Villepin abre la puerta a una posible dimisión en caso de que se abrogue la ley del 'contrato joven', promulgada el pasado domingo por el presidente Chirac, y que el primer ministro defendió hasta que fue retirado por el jefe del Estado de la gestión de la crisis. «Asumiré la cita. No dejaré a nadie más sacar las conclusiones que se impongan», asumió Villepin públicamente, en la Asamblea Nacional. «Lo haré, porque no tengo otro objetivo ni preocupación que servir al interés nacional», agregó el jefe del Gobierno.
Este enfrentamiento de posiciones opuestas hace difícil prever una salida consensuada a la crisis abierta por el 'contrato joven'. El grupo parlamentario del centroderecha, que lleva las negociaciones bajo la dirección, 'en la sombra', del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, tendrá que elegir entre volver a enfrentarse a masivas manifestaciones o asumir la dimisión del primer ministro en una situación de profunda división de las filas conservadoras.