Mehmet Ali Agca, el turco que en 1981 intentó asesinar en Roma al Papa Juan Pablo II, salió ayer en libertad condicional gracias a un polémico indulto que ha generado una grave controversia judicial en el país. Agca, de 48 años, abandonó ayer por la mañana la prisión de alta seguridad de Kartal, en Estambul, entre los aplausos de los militantes de extrema derecha y las protestas de la familia del periodista Abdi Ipekci, al que asesinó en 1979.
Condenado en ausencia a la pena capital por la Justicia de su país por ese crimen, Agca sirvió antes 19 de años de cárcel en Italia por el fallido intento de asesinato del Papa Carol Woijtila. Tras recibir el perdón del pontífice, fue indultado en el año 2000 y extraditado a Turquía, donde se benefició de una ley de amnistía por la que se le conmutó la pena de muerte por una de prisión, que hoy se dio por cumplida, para muchos, precipitadamente.
Nada más pisar la calle, esposado y fuertemente escoltado, Agca fue conducido a una centro de reclutamiento del Ejército para tratar de saldar otra cuenta que tenía pendiente con su país desde: el cumplimiento del servicio militar. Seguidamente, fue trasladado al hospital militar de Gata, donde, tras ser examinado, logró escabullirse por la puerta de atrás evitando a la prensa, sin que se sepa de su paradero ni si se tendrá que incorporar a filas.
Mientras Agca desaparecía en las calles de la antigua Constantinopla, la polémica sobre la legalidad de su excarcelación se propagaba. El ministro turco de Justicia, Cemil Cicek, anunció que ha pedido la revisión del expediente del ex convicto y que si se verifica que ha mediado un error judicial, el caso irá al Tribunal Supremo.
«Debe ser la Corte Suprema la que estudie el caso y la que calcule de nuevo el tiempo que ha estado encarcelado. Después se tomará una decisión. Debemos despejar todas las dudas posibles», explicó. Sospechas que ya destapó la familia de Ipekci cuando el pasado fin de semana se anunció la liberación.
Su abogado, Turguc Kazan, explicó que la ley de amnistía aprobada en 1999, y de la que se ha beneficiado Agca, establece que los condenados a muerte deben cumplir como mínimo diez años de cárcel si la pena es conmutada.