El Gobierno de Perú entregó ayer formalmente al de Chile «en nombre de todos los peruanos y peruanas» la solicitud de extradición del ex presidente Alberto Fujimori por delitos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Con este acto, el gobierno del Perú «reivindica su obligación y sus derechos de hacer justicia» y a la vez «responde a las expectativas y aspiraciones de todo el pueblo peruano para que la justicia prevalezca y se erradique la impunidad», afirmó el embajador peruano en Santiago, José Antonio Meier.
El diplomático puso los documentos de extradición en manos del ministro chileno de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, quien anunció que probablemente hoy mismo se traslade la petición al juez de la Corte Suprema Orlando Alvarez, encargado del caso.
«A la Cancillería lo que le corresponde es visar formalmente la entrega de cerca de 93 kilos de documentos expresados en doce cajas, doce cuadernillos», dijo Walker, que añadió que la presentación de la solicitud «se ha realizado a plena satisfacción» de Chile.
Walker subrayó que el Gobierno de Chile se abstendrá de emitir cualquier juicio, como corresponde en un caso de extradición. El embajador peruano afirmó que el pedido de extradición se formula «en nombre de todos los peruanos y peruanas y particularmente en nombre de las víctimas de los crímenes que se atribuyen al ciudadano peruano Fujimori».
Junto al procurador anticorrupción peruano, Antonio Maldonado, el diplomático explicó que la demanda de extradición contiene graves imputaciones contra el ex presidente Fujimori (1990-2000), que está detenido desde el 7 de noviembre en la Escuela de Gendarmería (Servicio de Prisiones) de Santiago.
Las acusaciones por las que se solicita la extradición de Fujimori se refieren a «delitos graves» de corrupción y de violaciones de derechos humanos por los que hay abiertos procesos penales contra él en Perú, señaló el embajador. «El deseo del gobierno del Perú es que se pueda juzgar en territorio peruano a Fujimori».