EUROPA PRESS-BRUSELAS
Los ministros de Justicia e Interior de los Veinticinco lograron
ayer un acuerdo para que los Estados miembros incorporen
legislación destinada a obligar a las operadoras a retener los
datos telefónicos y de telecomunicaciones durante un periodo de
entre 6 y 24 meses, con el fin de hacer más eficiente la lucha
contra el terrorismo y el crimen organizado.
Esta medida no afectará al contenido de las comunicaciones, al cual sólo podrán acceder las fuerzas de seguridad con una orden judicial cuando se produzcan indicios de delito.
La Presidencia británica intentará la aprobación de la normativa en primera lectura con el Parlamento europeo en la próxima sesión de Estrasburgo, que comienza el 12 de diciembre. El texto contempla que el precio de esta medida se tratará a nivel nacional y no europeo, por lo que habrá la posibilidad de que los gobiernos reembolsen a las operadoras por el coste de este almacenamiento extra. Se responden así a las preocupaciones mostradas por los países con fuertes operadoras como Finlandia y Alemania, pero también la Eurocámara.
Según cálculos del Consejo, la creación de una base de datos con todas las llamadas efectuadas y recibidas por cada usuario tendría un coste para cada compañía de 100 millones de euros para crear la infraestructura necesaria, así como 50 millones de euros anuales por su mantenimiento.
En contra de los países nórdicos y Alemania que argumentaban problemas financieros, España ha defendido durante toda la negociación la conservación de las llamadas perdidas, puesto que fueron determinantes en las investigaciones de los atentados del 11-M. Para el caso de Internet, las compañías deberá conservar los datos de los e-mail, así como otros datos sobre la navegación en páginas web.