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Nuevo proceso contra Pinochet, que seguirá en arresto domiciliario

La justicia chilena acusa al dictador de la desaparición de seis opositores durante su régimen

NELSON SANDOVAL-SANTIAGO
El procesamiento del ex gobernante chileno de facto (1973-1990) se añade al dictado el miércoles por el juez Carlos Cerda por cuatro delitos de corrupción, derivados del descubrimiento de sus millonarias cuentas secretas en el exterior. Montiglio, que notificó personalmente a Pinochet el nuevo procesamiento, ordenó además el arresto domiciliario del ex dictador de Chile, lo que anula la libertad provisional otorgada por Cerda y ratificada ayer por la Corte de Apelaciones.

El tribunal de alzada había rebajado desde 12 a seis millones de pesos (de 19.400 a 9.700 euros) la fianza para hacer efectivo el beneficio, pero la defensa de Pinochet no alcanzó a concretar el trámite cuando sobrevino el nuevo golpe judicial. La libertad había sido recibida con alivio por el entorno de Pinochet, que se preparaba para celebrar «con normalidad» hoy el 90 cumpleaños del general.

Aunque Pinochet está imputado en 15 casos de la «operación Colombo», Montiglio resolvió procesarlo sólo por los casos de los hermanos Aldo y Carlos Pérez Vargas, Bernardo de Castro, Roberto Aranda, Manuel Acuña y Modesto Espinoza. Los seis, al igual que la mayoría de las 119 víctimas de la citada operación, pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El caso de los Pérez Vargas es uno de los más siniestros en la historia de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura, pues fueron en total cinco los hermanos víctimas de la represión.

Mientras Aldo y Carlos desaparecieron tras ser detenidos, Iván y Mireya Pérez Vargas fueron asesinados al ser allanado su domicilio en febrero de 1976; Iván murió en el lugar y su hermana fue trasladada, herida, a un centro de torturas donde fue ejecutada. Un quinto hermano, Dagoberto, era un alto dirigente del MIR y murió el 16 de octubre de 1975 en un cerco tendido por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen militar, del que lograron escapar Andrés Pascal Allende y Nelson Gutiérrez, los máximos líderes del Movimiento.

Montiglio resolvió enjuiciar a Pinochet después de ordenar exámenes neurológicos, psiquiátricos y psicológicos que determinaron que está mentalmente apto para ir a juicio, someterlo a interrogatorio y carearlo con el ex jefe de la DINA, el también general retirado Manuel Contreras.

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