La comisaria europea de Presupuestos, Dalia Grybauskaite, afirmó que «todos los países de la UE», y la propia Comisión, «están muy irritados, por razones diversas», debido a la propuesta sobre el próximo marco presupuestario 2007-2013 presentado por la presidencia luxemburguesa. «Hemos empezado las negociaciones con pesimismo» y «aunque todos queremos un acuerdo, éste puede peligrar», señaló la comisaria en el Parlamento Europeo.
Grybauskaite comentó que «el domingo se iniciaron formalmente» las negociaciones sobre el próximo marco presupuestario, aunque no se llegó a acuerdos sobre ningún asunto concreto.
Los ministros de Exteriores se limitaron a exponer sus puntos de vistas sobre los aspectos que más les preocupan, con el fin de facilitar un acuerdo a los jefes de gobierno en la cumbre que se celebrará los próximos 16 y 17 de junio. Aunque se abordaron asuntos como la política agraria o el cheque británico, la reunión se centró básicamente en la política de cohesión, dijo la comisaria Grybauskaite. «En general la Comisión Europea está muy desilusionada con las propuestas de la presidencia de la UE», ya que suponen un recorte de gastos, «y seguimos prefiriendo las nuestras», añadió la comisaria, quien recalcó que el Ejecutivo «no va a mover ni un ápice sus posiciones».
España, el mayor beneficiario hasta ahora del presupuesto europeo, se juega la pérdida de cuantiosas ayudas debido al efecto combinado de su éxito económico, el ingreso en la Unión de diez países más pobres y la cruzada de austeridad emprendida por Alemania y el grupo de los contribuyentes netos.Por primera vez, la presidencia luxemburguesa someterá a los Veinticinco un marco completo de negociación que, si bien no desglosa todavía el montante por cada política, aborda ya todos los capítulos del gasto e incluye también los ingresos. El objetivo del Gobierno español en estas «perspectivas financieras» es limitar lo más posible el deterioro del saldo neto financiero de España con la UE (diferencia entre la aportación nacional al presupuesto común y los gastos de la Unión en España), que ha llegado a representar casi el 1% anual del PIB español.