«Estoy y estaré comprometido con que EEUU cumpla sus obligaciones legales», tanto internas como internacionales, dijo Gonzales en su intervención ante el Comité Judicial del Senado, que debe recomendar su confirmación como el 80 secretario de Justicia al pleno de esta cámara.
Durante la audiencia, marcada por un evidente partidismo, Gonzales afrontó preguntas sobre su posición respecto a la tortura de prisioneros, la detención indefinida de extranjeros y la revisión este año de la ley antiterrorista, entre otros puntos clave.
Como principal asesor legal de la Casa Blanca, Gonzales ha recibido muchas críticas de los demócratas y organizaciones de derechos humanos por un memorando de 2002 en el que señalaba que, ante el nuevo paradigma de la lucha antiterrorista, algunas cláusulas de la Convención de Ginebra eran «obsoletas».
«No creo que la Convención sea obsoleta», aseguró ayer Gonzales, quien fue asediado acerca de ese documento y de otro en el que estableció una definición laxa sobre qué constituye tortura de prisioneros.La sesión de preguntas reflejó las fisuras sobre la confirmación de Gonzales: mientras los republicanos elogiaban su trayectoria -repitieron su origen humilde como hijo de inmigrantes mexicanos-, los demócratas se centraban en exigirle «franqueza».
Desde la oposición, los senadores demócratas Joseph Biden, Patrick Leahy y Edward Kennedy (Massachusetts) llevaron la voz cantante al criticar las acciones de Gonzales respecto a varios documentos que justificaban la tortura.
Kennedy señaló que el Gobierno de Bush no se ha sincerado «sobre todo el asunto de las torturas, no sólo en Abu Ghraib» y que Gonzales «nunca» condenó los métodos de interrogatorios para sacar información de los detenidos.
El diario «The Washington Post» informó este pasado miércoles que Gonzales estaba muy al tanto de todos los métodos utilizados, incluyendo simulacros de entierros en vivo y de ahogamientos. En la sala de audiencias, la presencia de familiares de Gonzales, contrastó con la de decenas de activistas defensores de los derechos humanos que exigen respuestas «hasta ahora ausentes».