La fiscal de Milán (norte) Ilda Boccassini pidió ayer una condena de ocho años de prisión y la inhabilitación permanente para cargo público para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por un presunto delito de soborno a jueces en 1985.
Durante su alegato ante el tribunal milanés que está juzgado este caso, la fiscal aseguró que existen pruebas más que suficientes que demuestran que Silvio Berlusconi «pagaba a través de (su empresa) Fininvest al juez Renato Squillante y a otro juez, llamado Filippo Verde, para que le favorecieran en distintos intereses».
En concreto, siempre según la acusación que mantiene la Fiscalía de Milán, el primer ministro italiano Berlusconi pagó al magistrado Squillante cierta suma para que impidiera la venta de la sociedad alimentaria pública SME a un empresario rival, Carlo De Benedetti.
El supuesto caso de corrupción se podría haber producido antes de la entrada en política del hoy primer ministro, cuando se dedicaba únicamente a los negocios.
El magistrado Squillante ya fue condenado a cumplir una condena de ocho años de cárcel por este caso, mientras que el entonces hombre de máxima confianza de Berlusconi, Cesare Previti, fue a su vez condenado a cinco años de prisión por haber hecho de intermediario en el soborno del juez.
En su petición ante el tribunal de Milán, la fiscal Boccasini subrayó la gravedad del delito que imputa y afirmó que «la corrupción de un magistrado toca el pilar fundamental en el que se basa un Estado democrático».