La oficina auditora del FMI determinó ayer que este organismo apoyó «políticas inadecuadas» en Argentina, que llevaron en 2001 a la mayor crisis de este país en su historia reciente y a la mayor suspensión de pagos en el mundo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) no denunció «las crecientes debilidades en las decisiones políticas de las autoridades y erró al apoyar políticas inadecuadas durante demasiado tiempo», según el informe de la Oficina de Evaluación Independiente. El documento explica que los créditos ofrecidos por este organismo a Argentina desde enero de 2001 «sólo pospusieron la resolución fundamental de la crisis» y en su lugar podrían haber sido usados para mitigar sus efectos negativos. La economía argentina se contrajo un 20 por ciento entre 1998 y 2002, con consecuencias devastadoras para la población, un 60 por ciento de la cual cayó en la pobreza.
La oficina auditora insistió en que la crisis al final fue el resultado de las acciones del Gobierno argentino, que «no adoptó de forma anticipada las medidas correctivas necesarias», pero el FMI tampoco le presionó para que lo hiciese.
Esta conclusión no es una sorpresa, pues ya en junio del año pasado, cuando la OEI explicó el objetivo de su investigación, afirmó que «la responsabilidad última de la política económica de un país miembro debe permanecer con las autoridades nacionales».
Sin embargo, la crisis ocurrió cuando la política argentina estaba bajo estrecho escrutinio del Fondo Monetario Internacional, que había trabajado de forma continua en el país desde 1991 y lo había colocado como un ejemplo de «éxito» para la región.
El FMI extendió líneas de crédito a los sucesivos gobiernos dirigidos por los ex presidentes Carlos Menem entre 1989 y 1999, y Fernando de la Rúa de 1999 a 2001.