El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, sufrió ayer un nuevo revés al declarar el Tribunal Constitucional que la polémica ley de inmigración, aprobada por su Gobierno, es parcialmente inconstitucional.
En plenas negociaciones para solventar la crisis abierta en el seno de su coalición, Berlusconi se ha encontrado con otra negativa del Alto Tribunal, que en enero pasado ya declaró ilegal la normativa que le concedía inmunidad penal durante su mandato.
La decisión del Constitucional se centra en dos artículos de la ley de inmigración apadrinada por los dos principales aliados del Cavaliere, el líder de Alianza Nacional, Gianfranco Fini, y el de la Liga Norte, Umberto Bossi.
Los magistrados consideran contrario a la ley que un inmigrante pueda ser expulsado, tras comparecer ante un juez, sin garantías de defensa, y que deba ser arrestado de forma obligatoria si viola la orden de abandonar Italia en cinco días.
El fallo señala que el arresto obligatorio viola los artículos 3 y 13 de la Carta Magna italiana, que sancionan, respectivamente, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la excepcionalidad de la adopción de medidas de privación de libertad.
La ley Bossi-Fini, que la oposición recurrió al Constitucional tras calificarla de «racista», impone severas restricciones al acceso de extranjeros a Italia, al establecer que sólo pueden entrar en el país los «sin papeles» que previamente tengan un contrato de trabajo por su exclusivo período de vigencia. Paralelamente, fija por primera vez penas de cárcel para los que sean expulsados y vuelvan a entrar ilegalmente, al crearse el delito específico de «inmigración clandestina». El texto introduce la toma de huellas digitales a todos los inmigrantes ajenos a la UE que pidan permiso de residencia.