Pese a que EEUU modificó el proyecto de resolución para limitar el período de exención a sólo doce meses, sin posibilidad de prórroga, no logró el respaldo mayoritario de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y finalmente retiró el texto. Estados Unidos «ha abandonado la idea de someter a votación el proyecto para evitar un debate prolongado y la división en el Consejo», anunció el embajador adjunto de EEUU, James Cunninghan.
El proyecto de resolución de EEUU decía, expresamente, que no podía ser «investigado ni enjuiciado» ningún ciudadano que participe en una misión de la ONU si su país no ha ratificado el Tratado de Roma, mediante el cual se creó la CPI. El CPI, del que EEUU no forma parte, puede juzgar delitos como el genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra si en los países en donde se cometen se ha ratificado el Tratado de Roma.
Aunque los abusos y torturas en las prisiones de Irak por parte de los soldados estadounidenses no pueden ser enjuiciados, debido a que ese país no forma parte de la CPI, sí que pueden ser procesados en países que, como Afganistán, ratificaron el Tratado de Roma. Cunnhigan indicó que «cuando las fuerzas estadounidenses participan voluntariamente en misiones para llevar la paz y la seguridad en otras partes del mundo, creemos que es inapropiado someter a nuestros soldados a una jurisdicción de un tribunal que no proporciona las garantías adecuadas de un juicio justo».Los miembros del Consejo de Seguridad que tenían intención de abstenerse manifestaron su satisfacción por la decisión de EEUU, ya que si se sometía a votación se hubiera evidenciado las divisiones en el seno de este órgano de la ONU. El embajador español, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, declaró que el Gobierno de España no aceptaría jamás una resolución que ponga en entredicho «el compromiso con el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional y la propia Carta de la ONU».