La recomendación de la fiscalía general del Estado israelí de procesar por corrupción al primer ministro, Ariel Sharón, puede complicar la aplicación de su plan de «desconexión» de la franja de Gaza y parte de Cisjordania.
La fiscal general del Estado israelí, Edna Arbel, presentó ayer al asesor jurídico del Gobierno, Menajem Mazuz, un borrador con la recomendación de procesar al primer ministro por un delito de corrupción y soborno.
Sharón es sospechoso de haber favorecido en sus negocios inmobiliarios a un contratista de su bloque derechista Likud, David Apel, y también en un frustrado proyecto para la adquisición de una isla griega para convertirla en un centro turístico.
Apel prometió un jugoso contrato por tres millones de «shekel» (700.000 dólares) como «asesor» a un hijo de Sharón, quien niega haber sabido de ese acuerdo entre Apel y su hijo Guilad, o haberse aprovechado de su influencia para impulsar ese proyecto ante el alcalde de Atenas, que visitó Jerusalén en julio de 1999.
La decisión de procesar al primer ministro depende ahora de la resolución del asesor jurídico Mazuz, quien estudiará el caso y deberá decidir si acepta, o no, la recomendación de la fiscal para encausar a Sharón.
Su decisión, no obstante, no se producirá hasta dentro de un mes, dicen los analistas, tiempo en el que se analizará el material incriminatorio contra Sharón, quien era ministro de Exteriores cuando se produjo el supuesto soborno.