AGENCIAS-BUENOS AIRES
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, afirmó
ayer que si los 46 ex represores argentinos reclamados por el juez
Baltasar Garzón «son extraditados a España, se corre el riesgo de
que queden en libertad», porque en su opinión la Justicia española
no es competente para juzgarles por hechos cometidos en Argentina
durante la dictadura militar (1976-1983).
Fungairiño anunció que cuando el juez Garzón, o el magistrado que le sustituya mientras él se encuentre de vacaciones, pida informe a las partes personadas en la causa para proceder a solicitar formalmente la extradición de los detenidos en Argentina, la Fiscalía se opondrá a la reclamación. La petición de informe a las partes se producirá cuando en la Audiencia Nacional se reciba una comunicación oficial de que se han producido las detenciones.
La competencia española para juzgar los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante las dictaduras de Chile y Argentina quedó establecida por autos de noviembre de 1998 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.Según Fungairiño, estas resoluciones no fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo porque la Fiscalía entendía que no podía seguirse este trámite contra autos que establecían la jurisdicción de la Audiencia Nacional. Sin embargo, con posterioridad el alto tribunal ha revisado autos similares relativos al genocidio del pueblo maya cometido en Guatemala y en el conocido como «caso Perú».