El Gobierno argentino reconoció ayer que carece de fondos para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo obliga a anular el descuento del 13% en los salarios de los empleados públicos y jubilados. Los empleados públicos argentinos recibieron con júbilo y el Gobierno en silencio la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar «inconstitucional» una reducción que se aplica desde mediados de 2001 a los funcionarios y jubilados de mayores ingresos.
La medida supone un duro golpe al plan de ahorro fiscal del presidente Eduardo Duhalde y, aunque fue dictada a partir de una demanda particular iniciada contra el Estado por un militar, crea una jurisprudencia que servirá de amparo al resto de las personas perjudicadas. El ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Àlvarez, admitió que el fallo judicial afectará al plan económico, mientras que el jefe del gabinete de Gobierno, Alfredo Atanasof, subrayó que «el Gobierno acatará el fallo de la Corte Suprema, pero, añadió, «todo el mundo sabe» que el Estado «no tiene hoy los recursos necesarios para afrontar esos gastos».
Ambos señalaron que el asunto lo estudia el Ministerio de Economía, cuyos portavoces calcularon que habrá que afrontar un gasto público adicional de 3.000 millones de pesos (828'7 millones de dólares) al año. Los portavoces indicaron que a esta suma se agregan otros 5.000 millones de pesos (1.381 millones de dólares) que se deberán pagar por la deuda acumulada desde julio de 2001, cuando se dispuso la reducción del salario de los empleados públicos y jubilados. Juan José Àlvarez destacó que el Estado «tendrá que hacer una cantidad de egresos (gastos) que no tenía previstos», pero consideró que esto «no es para dramatizar».
El recorte del salario público respondió a la política de «déficit cero» puesta en marcha en julio de 2001 por el Gobierno de Fernando de la Rúa en sintonía con las condiciones que por entonces puso el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a Argentina. La Corte Suprema declaró que esa medida violó la Constitución Nacional en un fallo dictado el jueves, que confirma el pronunciamiento de instancias inferiores de la justicia. El máximo tribunal aclaró, además, que la reducción no puede ser admitida, porque los salarios se «han envilecido» a causa de la devaluación del peso. El Gobierno mantiene la esperanza de recibir luz verde del FMI para evitar un cese total de pagos de la deuda pública.