El Servicio Médico Legal chileno identificó los restos del ciudadano español Carmelo Soria, asesinado en Chile en 1976 por agentes de la dictadura, informaron a primeras horas de ayer fuentes judiciales. Una vez confirmada definitivamente la identidad de Carmelo Soria a través de un examen de ADN, los familiares realizaron ayer una breve ceremonia en el crematorio del Cementerio General de Santiago de Chile. Los peritajes fueron solicitados por la familia del diplomático el 19 de abril pasado, cuando presentaron una querella ante el juez del 23 Juzgado del Crimen de Santiago, Andrés Contreras, por el presunto delito de inhumación ilegal.
El juez acogió la petición y el 30 de abril los restos del funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fueron trasladados al Servicio Médico Legal para su identificación. Según explicó en esa oportunidad Carmen Soria, hija del funcionario de Naciones Unidas, la familia tenía sospechas de que el año 1983, al ser trasladados los restos de su padre «fueron sustraídos». Carmelo Soria, que residía en Chile desde el término de la guerra civil española, fue secuestrado por agentes de la brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 14 de julio de 1976 y su cadáver fue encontrado dos días después en un canal de Santiago de Chile, con señales evidentes de tortura.
Según explicó el abogado querellante Alfonso Insunza los restos de Soria fueron trasladados en 1983 dentro del mismo cementerio en un ataúd sellado, tras las amenazas que recibieron los dueños del mausoleo donde fue enterrado el diplomático español en 1976. Agregó que cuando Carmen Soria, hija de la víctima, presentó una nueva querella, en 1994, recibió también una serie de amenazas, entre éstas, llamadas telefónicas en las que le decían que «no sacaría nada con investigar las causas de la muerte pues sus restos no existían». El proceso por el homicidio de Carmelo Soria -en el que fueron inculpados cuatro altos oficiales de Ejército- fue amnistiado en 1996 por la Corte Suprema chilena.
Tras la decisión del máximo tribunal, la familia Soria recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos) y acusó por este caso al Estado chileno de «denegación y auxilio de justicia». En 1999 el organismo recomendó al Estado de Chile reabrir el sumario y juzgar a los responsables del crimen y, aunque en mayo de 2001 la familia Soria pidió la reapertura del proceso, la solicitud fue rechazada por la Corte Suprema.