El desempleo alcanzó en mayo pasado al 21'5 por ciento de la población activa en Argentina, el índice más alto desde que se realiza esta medición, informaron anoche fuentes oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ese mismo mes el subempleo fue del 12'7 por ciento, por lo que la suma de personas con problemas laborales totaliza el 34'2 por ciento de la población. Estas cifras revelan que más de 3 millones de personas en condiciones de trabajar carecen de empleo, mientras por lo menos otros 2 millones más sufren condiciones laborales precarias. Hace un año, la medición se ubicaba en el 12'4 por ciento y creció hasta el 18'3 por ciento en octubre, antes de que se agravara el proceso de recesión que ahoga la economía argentina desde 1998.
Mientras, el presidente argentino, Eduardo Duhalde, fue acusado ayer de «abuso de autoridad» y de «violar la Constitución Nacional», en demandas judiciales por haber suspendido la ejecución de recursos de amparo contra el «corralito» financiero. Las demandas fueron presentadas por un fiscal federal y la Defensoría del Pueblo, que coincidieron en que Duhalde sentó «un pésimo precedente» para las instituciones republicanas de este país. Además, se recrudecieron las quejas de ahorradores afectados por las restricciones financieras, que desde que entraron en vigor, en diciembre pasado, han sido motivo de múltiples protestas, algunas de ellas violentas.
Mientras, miembros del Gobierno justificaron el decreto «de necesidad y urgencia» por el que Duhalde suspendió, desde este miércoles y por 120 días hábiles, los fallos judiciales contra el «corralito» financiero. Con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la decisión de Duhalde fue aceptada por los doce jueces que instruyen querellas contra el «corralito» financiero, aunque se considera que esto no supone un pronunciamiento definitivo sobre el asunto. El fiscal Pablo Lanusse dijo que presentó una demanda porque Duhalde «ha cometido un abuso de autoridad agravado» por su condición de jefe del Estado.
«Mi obligación es denunciar cualquier delito y en este caso se ha dictado un decreto que es ilegal, porque impide a los jueces cumplir con sus funciones y anula el claro derecho constitucional al recurso de amparo judicial», subrayó a los periodistas. Lanusse sostuvo que el decreto presidencial «está suspendiendo la eficacia de uno de los poderes del Estado, en este caso la Justicia, lo que constituye un precedente grave para la República».