La politización de los escándalos financieros en EEUU se acentuó ayer, con una demanda por fraude contra el vicepresidente Dick Cheney, y con el aumento de las disputas entre el Gobierno y la oposición sobre la dureza de las medidas contra los ejecutivos malhechores.
Los problemas empresariales continuaron ayer cuando la empresa de comunicaciones Qwest, que estaba bajo la lupa oficial, anunció que está siendo sometida a una investigación criminal por el Departamento de Justicia. La organización Judicial Watch presentó ayer en Dallas (Texas) una demanda judicial contra Cheney y la empresa de servicios energéticos que presidió entre 1995-2000 por un supuesto fraude contable.
La demanda se refiere a cambios en las prácticas contables en la compañía que, según el presidente de esa organización legal, causaron un aumento de beneficios a Halliburton de 445 millones de dólares entre los años 1999 y 2001. El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, se apresuró a asegurar que «la demanda no tiene fundamento», si bien dijo que la Comisión del Mercado de Valores (SEC), que investiga a Halliburton, irá «hasta donde haga falta» en sus pesquisas. Fleischer no dio más detalles y señaló que la demanda va dirigida contra Halliburton y sus directivos, y es un asunto que atenderá la empresa.
Mientras tanto, el Gobierno y la oposición demócrata siguen discutiendo sobre el alcance de las medidas que el presidente George W. Bush propuso este pasado martes en Wall Street, en una controversia que amenaza con intensificarse con la cercanía de las elecciones legislativas de noviembre.