La ciudad peruana de Arequipa vivió ayer por segundo día el estado de emergencia y el toque de queda, después de que las violentas protestas en contra de las privatizaciones de empresas estatales hayan causado ya la muerte de una persona y amenacen con extenderse a otras ciudades del sur del país.
Un estudiante de 23 años murió ayer a consecuencia de las heridas que le causó una bomba lacrimógena el pasado viernes, en los primeros enfrentamientos después de que el Gobierno de Alejandro Toledo privatizase las empresas eléctricas Egasa y Egesur. Un centenar de personas también resultaron heridas.
El control por parte de las Fuerzas Armadas y la suspensión de algunos de los derechos constitucionales, decretado el domingo, no han podido acabar todavía con las protestas en Arequipa, la segunda ciudad del país, donde los cuerpos de seguridad han dispersado usando gases lacrimógenos varias concentraciones en las proximidades de la Plaza de Armas, según informaron medios locales.
El aeropuerto de la ciudad continúa cerrado, al igual que los colegios, universidades y el transporte público. En la Catedral de la ciudad, el alcalde y una treintena de regidores están en huelga de hambre para protestar contra las privatizaciones y por la medida del Gobierno.
La declaración de estado de emergencia implica la suspensión de las garantías constitucionales relativas a la seguridad personal, inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.