La Cámara de Diputados italiana aprobó ayer, con los votos favorables de la mayoría conservadora, una nueva y restrictiva ley de inmigración, conocida como Fini-Bossi, duramente contestada por la oposición de centroizquierda, que la considera «racista e inconstitucional».
El texto, que obtuvo 279 votos a favor y 203 en contra, impone severas restricciones al ingreso de extranjeros en Italia, pues sólo podrán entrar quienes lleguen con un contrato de trabajo y por su período de vigencia. Por primera vez se contemplan penas de cárcel para los que sean expulsados y vuelvan a entrar ilegalmente en el país, al crearse el delito específico de «inmigración clandestina».
La ley, que ha sufrido diversas modificaciones respecto a la que pasó en primera lectura el Senado el pasado mes de febrero, debe volver ahora a la Cámara Alta para su aprobación definitiva, lo que, gracias a la mayoría conservadora, se espera que se produzca sin grandes cambios.
Entre las medidas polémicas que introduce, figura la toma de huellas digitales a todos los inmigrantes ajenos a la Unión Europea (UE) que pidan o renueven el permiso de estancia así como el uso de naves de la Armada para tratar de frenar los continuos desembarcos de indocumentados en las costas del sur del país.
La aprobación de la ley es considerada un triunfo del ala más conservadora de la coalición que lidera Silvio Berlusconi, en especial de la postfascista Alianza Nacional y la ex secesionista Liga Norte, cuyos dos líderes, el vicepresidente Gianfranco Fini y el ministro para las Reformas, Umberto Bossi, le dan nombre.
El debate parlamentario tuvo momentos de tensión en las últimas semanas, con un gran disenso en el interior de la mayoría, y ayer los diputados de signo contrario llegaron al intercambio de insultos.