Un día después de que ser procesada por obstrucción a la justicia, la corporación Arthur Andersen recibió ayer otro mazazo, al anunciar el Gobierno de Estados Unidos que a partir de ahora no hará más negocio con esa corporación. La decisión, tomada por la Administración General de Servicios, es significativa no sólo por el aspecto puramente económico sino también por la importante pérdida de credibilidad y prestigio que representa para la firma de auditoría y consultora.
El procesamiento es «una prueba adecuada de una mala conducta que respalda la suspensión como contratista del Gobierno», afirmó la Administración General de Servicios (GSA) de EE UU en una acción que afecta no sólo a Andersen sino también a Enron y varios ejecutivos. En el comunicado, la GSA explica que tomó la decisión por entender que su conducta y las irregularidades internas que se han producido dentro de la compañía «afectan seriamente» a su capacidad de recibir contratos gubernamentales de todo tipo.
La suspensión es el último indicio de la rápida descomposición de la compañía que ha perdido más de 40 clientes en las últimas semanas e incluso algunas de sus divisiones externas, como Andersen-España, han anunciado ya su desvinculación del grupo mundial. Coincide con la aceleración de las conversaciones para intentar ser adquirida en su totalidad o por partes por alguna otra empresa de la competencia.