El Gobierno de EE UU anunciará en las próximas semanas una serie de directrices para restringir la divulgación de investigaciones científicas, mientras retira del dominio público más de 6.600 documentos sobre la producción de armas químicas y biológicas. La Administración del presidente George W. Bush implementará una nueva política sobre el manejo de información secreta para prevenir que cualquier información sobre la elaboración de armas de destrucción masiva puedan caer en manos enemigas, según informó ayer el diario The New York Times.
«Estamos preparando una serie de directrices para que los terroristas no puedan utilizar en nuestra contra la información que se produce en este país», dijo al diario Tom Ridge, titular de la Oficina de la Defensa del Territorio, creada tras los atentados del 11 de septiembre del año pasado. Según el diario, el Gobierno comenzó a retirar los miles de documentos, de manera muy discreta, el mes pasado, y su número podría aumentar con la puesta en marcha de la nueva política, que no tiene precedentes.
Ridge aseguró que el Gobierno ha realizado diversas consultas con la comunidad científica. No obstante, algunos críticos de la medida señalan que ésta dificultará la labor de los científicos, a la hora de evaluar y replicar los resultados de sus colegas, lo que atentará contra los cimientos de la ciencia en EE UU.
El principal temor de los científicos es que, en aras de mejorar la seguridad de informaciones secretas, el Gobierno impedirá el avance en las investigaciones que se realizan sobre sustancias peligrosas y que podrían contribuir a la búsqueda de antídotos y nuevos descubrimientos. Los documentos federales, que antes estaba a disposición del público de forma gratuita, incluyen informes desclasificados de los años 40, 50 y 60, además de otros más recientes que, en opinión de las autoridades, no debían permanecer ocultos.
El Centro de Información Técnica sobre Defensa, la agencia del Pentágono que tiene la custodia de los documentos afectados, indicó al diario que se realizarán consultas con expertos científicos para determinar si estos documentos podrán, algún día, retornar al dominio público o permanecer como «secreto de Estado».