El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) mostraron ayer su total oposición a la decisión del presidente de EE UU, George W. Bush, de aplicar el III Convenio de Ginebra únicamente a los detenidos talibanes. Bush anunció que aplicará el Convenio a los talibanes que están en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba), pero no a los miembros de la red Al Qaeda y además afirmó que no reconocerá a ninguno de ellos el estatus de prisioneros de guerra.
Sin embargo, el III Convenio de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, es «relativo al trato debido a los prisioneros de guerra», por lo que aplicar sus disposiciones a unos detenidos es reconocer que son prisioneros de guerra, explicó el CICR. Por ello el CICR y la CIJ lamentaron la decisión e insistieron en que todos los detenidos durante el conflicto de Afganistán, de carácter internacional, entran dentro del campo de aplicación del III Convenio de Ginebra. Según la Comisión Internacional de Juristas, la decisión de Bush es «incorrecta legalmente», ya que tanto los combatientes talibanes como los pertenecientes a Al Qaeda «son prisioneros de guerra» y, por tanto, deben estar sometidos a las disposiciones del III Convenio, cuya aplicación «no puede ser selectiva o parcial».
En una carta enviada al secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, la CIJ recuerda a EE UU sus obligaciones como país firmante de los Convenios de Ginebra, de los cuales el III establece que los detenidos en un conflicto internacional son prisioneros de guerra a menos que un tribunal competente decida lo contrario. El CICR también insistió en que todos los detenidos que están en la base de Guantánamo son prisioneros de guerra y, por tanto, todos están protegidos por el III Convenio de Ginebra.
Por su parte, un portavoz del Ministerio británico de Asuntos Exteriores señaló que «damos la bienvenida al anuncio del presidente Bush. Apoyamos su decisión de clasificar a los detenidos talibanes bajo el Convenio de Ginebra». «Estados Unidos siempre ha dejado claro que sea cual fuere la posición legal formal (sobre estos prisioneros) se compromete a tratar a los detenidos de forma humana y de acuerdo con los principios del derecho internacional», añadió el portavoz. El Gobierno francés, por su parte, insistió en que «todos los prisioneros de Guantánamo deben beneficiarse de todas las garantías del derecho internacional». A través de un portavoz del Ministerio de Exteriores indicó que «Estados Unidos ha transmitido su análisis jurídico de la situación. Estamos examinándolo».