Una comisión de diputados argentinos inició ayer el proceso que puede derivar en la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, activado a raíz del fallo del tribunal que declaró inconstitucional el «corralito» financiero. El titular de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, el peronista Jorge Acevedo, leyó ayer un informe que resuelve la «admisibilidad formal y la apertura de la investigación». Hay unos 40 pedidos de juicio político contra los magistrados y los diputados deberán decidir cuáles deben ser investigados y qué magistrados quedarán afectados.
El proceso de juicio político establece que la comisión de diputados actúa como fiscal y que después de una serie de acciones parlamentarias la destitución de los magistrados debe ser aprobada en última instancia por el Senado, con dos tercios de los votos. Las acusaciones contra los magistrados están relacionadas con el presunto mal desempeño de las funciones en distintas causas, la comisión de distintos delitos y la falta de independencia. El alto tribunal declaró inconstitucionales las restricciones al acceso a los ahorros (el «corralito» bancario) el viernes pasado, lo que fue calificado por el Gobierno y muchos políticos de «chantaje» de los magistrados para evitar un posible juicio, después de ser durante varias semanas blanco de protestas populares.
Mientras, el Gobierno peronista de Eduardo Duhalde firmó ayer un acuerdo federal con las provincias para reducir a la mitad el gasto político y ahorrar anualmente 1.000 millones de pesos (unos 500 millones de dólares). Después de intensas negociaciones, Duhalde y 23 gobernadores peronistas y aliancistas acordaron bajar en un 25% el número de legisladores nacionales y provinciales y concejales municipales. La reducción del gasto público es una exigencia tanto del Fondo Monetario Internacional (FMI) como de la sociedad argentina, que desde el pasado mes de diciembre reclama gestos de la clase política con manifestaciones populares, conocidas como 'cacerolazos'.
Por otra parte, los directivos de las principales empresas de capital español radicadas en Argentina manifestaron ayer a Duhalde, su interés por permanecer en Argentina y le expusieron su «apoyo» para buscar «conjuntamente soluciones» a la crisis en la que se halla inmerso el país. «Los empresarios españoles tuvieron la oportunidad de exponer al señor Duhalde la preocupación por la situación social y económica que atraviesa el país», dijeron los directivos en una declaración conjunta de la Cámara Española de Comercio de Argentina hecha pública tras la reunión.