Miles de argentinos protagonizaron la madrugada del sábado una nueva edición del «cacerolazo», al salir a las calles de las principales ciudades del país para repudiar a la clase política, el «corralito financiero» y la Corte Suprema de Justicia. A diferencia de los tres grandes «cacerolazos» del último mes y medio, este no se realizó de forma espontánea, como los anteriores, sino que fue convocado por asambleas populares de los barrios y sin que mediase ningún tipo de representación política y sindical. Cuatro horas después de iniciada la protesta, las autoridades policiales no habían informado sobre incidentes graves, aunque una veintena de manifestantes y policías sufrieron heridas y cerca de setenta personas fueron detenidas cuando se procedía a dispersar la manifestación.
El tan temido «viernes negro» en que podía convertirse esta protesta multitudinaria, según las expresiones de funcionarios del Gobierno de Eduardo Duhalde, dio paso a manifestaciones pacíficas en todos los puntos del país. El portavoz presidencial, Eduardo Amadeo, había expresado la preocupación de que se repitieran «actos de vandalismo» como los ocurridos tras los anteriores «cacerolazos», cuando jóvenes exaltados destrozaron bancos e incluso asaltaron la sede del Parlamento y quemaron parte de su mobiliario. El ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, quiso dejar claro que el Gobierno sería «inflexible» con quienes cometieran actos de violencia.
Los vecinos de Buenos Aires y de muchas ciudades del país, sin embargo, respondieron con una demostración enérgica pero absolutamente pacífica. «Somos trabajadores que venimos a defender el futuro de nuestros hijos y no a generar disturbios», señaló uno de los manifestantes, que caminaba golpeando su cacerola desde su barrio hasta la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Ese fue el punto elegido por miles de vecinos de la capital argentina para concentrarse luego de iniciar la demostración en sus barrios, a cuyas calles salieron jóvenes, ancianos y parejas con sus niños en brazos. «Si llueve, si llueve, el pueblo no se mueve», gritaban los vecinos movilizados en la Plaza de Mayo.
Las quejas de los manifestantes apuntan fundamentalmente contra la legitimidad del presidente Eduardo Duhalde, quien asumió su cargo el pasado 1 de enero tras ser elegido por una Asamblea Legislativa, contra el denominado «corralito financiero» que mantiene encerrados los ahorros de millones de argentinos y contra los integrantes del máximo tribunal del país, a quienes se reclama la dimisión. En la Casa Rosada, en tanto, apenas permanecieron unos pocos funcionarios, entre ellos dos ministros, debido a que las autoridades permitieron que se realizara la salida anticipada del personal administrativo.
Tanto las sedes del Gobierno como la del Parlamento y la avenida que las comunica fueron fuertemente custodiadas por la policía, que colocó múltiples vallas para prevenir eventuales brotes de violencia. Ningún integrante del Gobierno reaccionó públicamente tras iniciarse el «cacerolazo».