El presidente Eduardo Duhalde pretende que el proyecto, que empezó a ser debatido por la Cámara de Diputados, sea aprobado por los dos cuerpos legislativos durante este fin de semana. El nudo central del plan está en las facultades especiales que ha pedido el Ejecutivo para terminar con la paridad de «uno a uno» entre el peso y el dólar estadounidense, tras más de diez años de cambio fijo. Ante ese previsible cambio de las normas que han regido la economía argentina desde 1991, el Gobierno ha propuesto una serie de medidas para no perjudicar a las personas y pequeñas empresas endeudadas en dólares y evitar así que la alteración del tipo de cambio abra paso a la inflación.
Pero las compensaciones propuestas por las autoridades han puesto en guardia a la banca y a las grandes empresas privadas concesionarias de los servicios públicos, debido a que constituyen cambios en las reglas del juego sobre las que fueron pactados los contratos. Eduardo Amadeo, portavoz del Gobierno, denunció ayer «fuertes presiones» de parte del sector financiero y las empresas de servicios, que temen verse afectados por la devaluación y las medidas económicas que analiza el Parlamento.
El debate del proyecto se produce después de más de un día de indefiniciones, y de que el Gobierno argentino del peronista Eduardo Duhalde reelaborara ayer el proyecto de ley de emergencia pública que le permitirá decretar una devaluación, modificar contratos con empresas privatizadas de servicios públicos, en su mayoría extranjeras, y crear un impuesto a las exportaciones de petróleo. Esas medidas tendrán un fuerte impacto negativo en compañías españolas, especialmente Repsol-YPF, que domina el mercado de combustibles, y en Telefónica. El nuevo texto, que fue remitido al Parlamento ayer, fue retocado por Duhalde y por el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, a partir de las quejas de legisladores peronistas y de la oposición que ayer obligaron a postergar un día el debate de la ley.
El Gobierno agregó al proyecto la sanción de un impuesto extraordinario al envío de hidrocarburos al exterior, que afectará durante cinco años a las empresas petroleras. Además del impuesto, cuya cuantía será fijada por el Poder Ejecutivo, se establecerán precios máximos para el combustible, con lo que las empresas petroleras podrían perder capacidad de recaudación. Con ese fondo se financiará una compensación a los bancos por las pérdidas que les generaría la conversión a pesos de las deudas hipotecarias tomadas por particulares por montos inferiores a 100.000 dólares, explicó el diputado peronista Jorge Obeid.
Esa medida quedó especificada en el nuevo texto de la ley y apunta a moderar el fuerte impacto negativo que tendrá en la población el fin de la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar, que rigió la vida económica argentina durante 11 años. Duhalde reclama en el proyecto facultades extraordinarias para fijar por decreto un nuevo tipo de cambio, que se establecería en principio en 1'40 pesos por dólar. Con esos poderes especiales pretende también suprimir por futuros decretos algunas cláusulas de los contratos con las compañías privatizadas de servicios públicos, de modo que no puedan aumentar las tarifas de acuerdo con el valor del dólar.
Repsol, principal perjudicada si sale adelante el
impuesto a las petroleras
Las empresas petroleras con presencia en Argentina deberán tributar
un 40% de sus ingresos por exportaciones de crudo, para financiar
un fondo de compensación que se otorgará a los bancos que
refinancien deudas de clientes afectados por la devaluación. Uno de
los principales afectados será la petrolera española Repsol-YPF que
acapara más del 70% de las exportaciones de hidrocarburos desde
Argentina, por lo que será la principal perjudicada por esa
medida.