El Gobierno argentino se reunió anoche para definir el decreto que declarará el estado de sitio en el país. El presidente, Fernando de la Rúa, está reunido con todos los ministros «para estudiar el alcance del decreto del estado de sitio», ante la ola de saqueos a supermercados y pequeños comercios de las últimas horas, que ha ocasionado ya al menos cuatro muertos. Esa medida, de aprobarse, implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales y la puesta a disposición del Gobierno de las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Prefectura y Gendarmería). Consultados los portavoces sobre si el Gobierno ya había decidido declarar el estado de sitio, al margen de definir los alcances en el decreto, respondieron afirmativamente.
La medida debe aprobarse en un decreto que tiene que ser firmado por el jefe de Estado. Según la Constitución argentina, el estado de sitio debe ser declarado por el Congreso, pero cuando esté en receso el Parlamento, como ahora, puede hacerlo el Gobierno cuando existan causas que determinen la «conmoción interior». La medida se puede declarar en la parte del territorio nacional donde se registre la «perturbación». Precisamente el jefe de Estado estudiaba con sus ministros las regiones dónde regirá el estado de sitio.
Mientras, la Cámara de Diputados de Argentina, en un trámite de menos de un minuto, derogó anoche la ley que aprobó en marzo pasado para delegar en el Gobierno facultades legislativas. La llamada ley de los «superpoderes» será anulada definitivamente si la decisión de los diputados es avalada por el Senado, dominado por el opositor Partido Justicialista (PJ-peronista). La norma legal fue reclamada con insistencia por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, tan pronto llegó al cargo, pues facultaba al Gobierno para aplicar disposiciones en materia impositiva y de presupuesto que estaban reservadas al Parlamento.
Cientos de argentinos se lanzaron ayer a saquear supermercados y comercios en distintos puntos del país, en los peores incidentes de este tipo en más de una década, mientras que el Gobierno prometía repartir alimentos. Los disturbios más serios ocurrieron en varias localidades de los suburbios de Buenos Aires, en donde decenas de personas vaciaban las estanterías de comercios y en algún caso incendiaban luego el local. Los blancos de los ataques era fundamentalmente tiendas pequeñas y medianas, mientras que algunos de los grandes centros de compra decidieron entregar voluntariamente bolsas con comida para evitar ser atacados.
Incluso un grupo de manifestantes lanzó piedras y pateó el coche oficial del presidente argentino, Fernando de la Rúa, entre insultos. Desbordado, el Gobierno acusó a activistas políticos. La falta de crecimiento económico en los últimos cuatro años disparó además el número de desempleados, que actualmente llega al récord histórico de 2'53 millones.