El presidente estadounidense, George W. Bush, ha decidido que se juzgue ante un tribunal civil al francés de origen marroquí Zacarias Mussaui, la primera persona que ha sido formalmente acusada por los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, según indicó ayer una portavoz de la Casa Blanca, Claire Buchan. No obstante, Buchan aclaró que «el presidente considera con fuerza que los tribunales militares constituyen una opción muy importante en la guerra contra el terrorismo», según precisó en referencia a las críticas formuladas en todo el mundo al decreto presidencial que estableció esos tribunales de excepción para juzgar a extranjeros sospechosos de realizar actividades terroristas.
La portavoz indicó que durante una reunión en la Casa Blanca, a principios de semana, Bush mostró ante responsables de la Justicia y del FBI (policía federal) su preocupación por el riesgo de que un proceso ante un tribunal civil revele secretos relativos a la investigación de los atentados del 11 de septiembre. Igualmente se mostró intranquilo por la seguridad de los jurados, añadió la portavoz. «Ante las informaciones que le dieron, se decidió que el proceso se desarrollaría ante un tribunal civil», indicó Buchan.
Zacarias Mussaui comparecerá el 2 de enero ante un tribunal federal en Alexandria, en las afueras de Washington, donde le serán formalmente precisados los cargos retenidos en su contra vinculados con los atentados del 11 de septiembre, indicó ayer el departamento de Justicia. Mussaui, de 33 años, fue inculpado ayer por un gran jurado federal (cámara popular de acusación) en relación con esos atentados, lo cual le podría conducir a la pena de muerte.
De otra parte, los ataques del 11 de septiembre dejaron al descubierto los fallos de seguridad en los aeropuertos de EE UU, donde la vigilancia está a cargo de empresas privadas que durante años han abaratado sus servicios con el empleo de mano de obra poco capacitada y mal pagada. Hasta septiembre pasado los empleos mal pagados en los aeropuertos los tomaban muchos inmigrantes, pero bajo las nuevas leyes de seguridad esos mismos trabajadores afrontan despidos y algunos deportación, indicaron grupos de derechos humanos. Sólo en el aeropuerto de Salt Lake City han sido despedidas más de 200 personas y procesadas 69, de las cuales 62 son inmigrantes.