Los Quince acordaron ayer una ambiciosa estrategia para una lucha sin cuartel contra la financiación del terrorismo e intentaron superar algunos de los complejos escollos que plantea la creación de la 'euro-orden' de detención y entrega. Como primer arma, los ministros de Finanzas y Justicia de la UE se dotaron de un protocolo relativo a informaciones sobre cuentas y transacciones bancarias del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal de mayo de 2000.
El protocolo, que deberá ser ratificado por los países miembros para entrar en vigor, pretende intensificar la batalla contra crímenes financieros como el blanqueo de capitales, la corrupción o la falsificación, permitiendo un mayor intercambio de información sobre extractos bancarios, cuentas y transacciones. Una vez en vigor, los estados estarán obligados a ofrecer informaciones sobre cuentas bancarias, a condición de que el crimen perseguido sea sancionado con una pena mínima de dos años según su legislación y de cuatro según la del estado demandante, o que la infracción atente contra los intereses financieros de la UE.
«Ésta será una información esencial en la lucha contra la financiación de las organizaciones criminales y terroristas. Además, el protocolo dice expresamente que no puede oponerse el secreto bancario como causa para denegar la ejecución de la solicitud de asistencia, ni tampoco la exención fiscal o el carácter político del delito», subrayó el ministro español de Justicia, Àngel Acebes.