España y Estados Unidos actualizarán su Convenio Bilateral de Defensa con la incorporación de nuevos elementos de cooperación en la lucha contra el terrorismo y de sus servicios de inteligencia. «Los dos países queremos actualizar el Convenio de Defensa a las nuevas circunstancias, y tenemos la ambición de incorporar elementos para que la cooperación no sea sólo operativa, sino que también haya cooperación de los servicios de inteligencia y de lucha contra el terrorismo», dijo ayer en Washington el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. El jefe de la diplomacia española se reunió en Washington con el secretario de Estado, Colin Powell, y con el vicesecretario de Defensa, Paul Wolfovitz, para analizar las maneras en que ambos países pueden cooperar contra el terrorismo.
Las negociaciones para renovar ese convenio, alcanzado en 1989, pueden estar finalizadas antes de año, dijo el ministro que subrayó que «es necesario adaptarlo al nuevo marco estratégico que surge de las nuevas amenazas» a las que se enfrentan los países. Subrayó que los atentados terroristas del 11 de septiembre contra EE UU han hecho plantearse ya a la Unión Europea (UE) que «hay que incorporar al concepto de defensa y de seguridad europea el de la lucha contra el terrorismo».
Piqué destacó que el intercambio de datos de los servicios de espionaje es fundamental para la lucha antiterrorista. Piqué manifestó ayer en Washington que la experiencia de España en materia antiterrorista puede ser de gran utilidad para Estados Unidos en el marco del nuevo escenario estratégico que confronta, al tiempo que reiteró la solidaridad y disponibilidad de España para apoyar «los esfuerzos de Estados Unidos contra el terrorismo en todo aquello que sea necesario».
De otra parte, la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ordenó el ingreso en prisión incondicional, por pertenencia a banda armada, de los seis argelinos detenidos el miércoles, quienes no fueron interrogados sobre Bin Laden. La juez ordenó el encarcelamiento de los seis ciudadanos magrebíes por su supuesta pertenencia al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, escindido del GIA argelino, y les imputó también un delito de falsificación de documentos.