El Ministerio emiratí de Asuntos Exteriores anunció en la jornada de ayer su decisión de deshacer los lazos que estableció en 1997 con la guerrilla integrista «tras no lograr persuadir al régimen de Kabul de que entregue (al disidente saudí) Osama Bin Laden». En su comunicado también reconoció, por primera vez, que Bin Laden es «el principal sospechoso» de los atentados que el pasado día 11 sembraron la muerte y el terror en Washington y Nueva York.
«El Gobierno de los Emiratos ha realizado enormes esfuerzos para convencer a los Talibán de que respondan positivamente a los requerimientos del Consejo de Seguridad de la ONU de entregar a Bin Laden para que sea juzgado por delitos de terrorismo», explicó la nota. Bin Laden, a quien la Administración estadounidense también responsabiliza de otros atentados contra sus intereses en 1998, se encuentra desde 1996 refugiado en Afganistán bajo la protección de los talibán, que lo consideran su huésped.
La decisión de los EUA, donde viven unos 110.000 afganos, se produce en un momento en el que Estados Unidos trata de formar una coalición internacional para luchar contra el terrorismo internacional en todos los puntos del planeta. Hasta el momento, Estados Unidos ha conseguido numerosas adhesiones, incluida la de muchos países árabes de los denominados moderados, aunque éstos últimos han condicionado su respaldo a una posible respuesta militar contra Afganistán a la obtención de «pruebas evidentes» de la culpabilidad de Bin Laden.
Ante esta situación, Pakistán se encuentra en una grave disyuntiva sociopolítica a partir de ayer al ser el único país, junto con Arabia Saudí, que reconoce a los talibán, a la vez que ha ofrecido a Estados Unidos amplia colaboración en caso de que ataque al régimen que dirige Afganistán. De este modo, el presidente paquistaní, Pervez Musharraf, va a tener que combatir en dos frentes, el puramente político y el social, que presentan características contrapuestas y muy difíciles de conciliar.